Un ajuste de razones solidas

España, con unas prestaciones sociales que se encuentran entre las primeras de Europa, necesita en tiempos de crisis un moderado ajuste fiscal. La subida del IVA, a pesar de las "incoherencias" y "llamadas a la rebelión" del PP, permitirá mantener la protección social y una baja presión fiscal

RAMÓN JÁUREGUI DEFIENDE LA CREACIÓN DE UN FONDO MONETARIO EUROPEO

"La Estrategia 2020 establecerá la hoja de ruta para ser la Europa que queremos: competitiva, con un nuevo modelo energético y productivo, que crea empleo y que mantiene su cohesión social".

El secretario general de los socialistas españoles en la Eurocámara, Ramón Jáuregui, ha defendido esta mañana en una entrevista En Días como Hoy de RNE, la creación de un instrumento común que fortalezca y dote de credibilidad a la política económica común. "Europa tiene una sola moneda, el euro, pero 16 países con 16 realidades socioeconómicas y presupuestarias diferentes", situación que ha mostrado sus debilidades para defenderse de los ataques del mercado. En este sentido, Jáuregui ha respaldado la creación de un fondo monetario europeo, "que permita responder conjuntamente como la unión monetaria", propuesta que ha calificado de "imprescindible".

Asimismo, ha apostado por la unificación de la emisión de los bonos europeos, "que dotaría a la unión monetaria de la confianza y de la credibilidad que necesita", y ha añadido que "Europa está articulando la arquitectura financiera propia para una moneda común", señalando que se evitará que casos como el de Grecia vuelvan a repetirse.

Presidencia española
En relación a la presidencia española de la UE, Jáuregui se ha referido a la articulación de una salida de la crisis como uno de los principales retos de este semestre, con la Estrategia 2020. "La presidencia española está volcada en la elaboración de la hoja de ruta para ser esa Europa que queremos: competitiva, con un nuevo modelo energético y productivo, que crea empleo y que mantiene su cohesión social", ha explicado.

Las 55 medidas

ACUERDO POLÍTICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO

Enlace al documento completo

1 Reducción del IVA para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda: durante dos años, todas las obras de rehabilitación en las viviendas tendrán un tipo del IVA reducido (8% a partir de 1 de julio).
2 Deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual: los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10% de los costes de las obras de rehabilitación de viviendas realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por vivienda; a partir de dicho umbral de renta, el importe de la deducción irá decreciendo hasta su desaparición.

3 Extender el concepto de rehabilitación estructural a efectos de aplicación del tipo de IVA reducido: se amplían las obras consideradas de rehabilitación estructural a efectos del IVA con el objeto de disminuir el coste de la renovación del parque de viviendas, en particular en el centro urbano de las ciudades.

4 PLAN 2000 ESE de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las Administraciones Públicas: acuerdo del conjunto de las Administraciones públicas para identificar 2000 edificios públicos (1000 de la AGE y 1000 de CCAA y EELL) en los que contratar una empresa de servicios energéticos (ESE) con el objeto de ahorrar, como mínimo, un 20% de su consumo energético en el horizonte 2010-2012.

5 Fomento de la VPO: ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de viviendas de protección oficial para cuando estas se destinen a la venta.

6 Préstamos directos del ICO: créditos con un importe máximo de 200.000 euros concedidos directamente por el ICO con cobertura de riesgo del 100% y comercializado a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. Con esta línea se conseguirá que toda pequeña empresa solvente cuente con financiación.

7 Reducción de morosidad: establecer de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las PYMES y autónomos por parte de las grandes empresas.

8 Extender los principios de buena regulación y de simplificación administrativa de la Directiva de servicios a los sectores del transporte, energía, contratación pública, telecomunicaciones y sociedad de la información.

9 Reforma del sistema de apoyo oficial a la internacionalización: creación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), actualmente en trámite parlamentario; racionalización de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, buscando el aprovechamiento de sinergias entre instrumentos y entre organismos; creación de un mecanismo de evaluación y control del sistema de apoyo financiero a la internacionalización.

10 Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE). El Gobierno propone la incorporación de la figura de la garantía dentro de la normativa del seguro de crédito a la exportación y, previa autorización de Bruselas, de la cobertura de operaciones a corto plazo.

11 Priorización de la línea FAD-PYME en 2010 dentro del FAD.

12 Refuerzo de la actividad de COFIDES. Entre estas actuaciones destacan: (i) flexibilización condiciones del FONDPYME en términos de límite de financiación, plazos y periodos de carencia; (ii) introducción de la operativa multiproyecto; (iii) ampliación del ámbito de aplicación del Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX); (iv) ampliación de financiación de circulante.

13 Refuerzo de los programas de apoyo técnico a las PYMEs orientados a impulsar su salida a los mercados internacionales, en cofinanciación de las Comunidades Autónomas. En especial, los programas Aprendiendo a Exportar (APEX) y el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE).

14 Impulso a la colaboración del sector privado en la actividad de promoción comercial en el exterior.

15 Compromiso para que España alcance un nivel de inversión en I+D del 2,5% del PIB en 2015. Para ello se acuerda que el incremento medio anual de la inversión pública en I+D sea superior al crecimiento de los PGE.

16 Favorecer la inversión empresarial en I+D+i: incrementar del 8 al 12% la deducción aplicable a las actividades de innovación en el impuesto de sociedades y ampliando, en algunos casos hasta el 60%, el límite general que existe a la deducción por actividades de I+D+i.

17 Favorecer la utilización de transporte público: se exime al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie, las cantidades satisfechas por su empresa para sus desplazamientos entre su residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.

18 Rebaja de las tasas de navegación aérea. Acelerar la tramitación de la norma legal por la que se regula la prestación de servicios de transito aéreo con el fin de reducir a 2 años el período para la rebaja de las tasas de navegación aérea en un 15%.

19 Colaboración público-privada en el sector de infraestructuras del transporte: puesta en marcha de un plan de de colaboración público-privada que se licitará en 2010-2011 para contribuir al desarrollo territorial, a la competitividad de la economía, a la creación de empleo y a la sostenibilidad del sistema de transportes, que dará prioridad a las infraestructuras ferroviarias de impulso al transporte de mercancías, infraestructuras ferroviarias de altas prestaciones, cierres de itinerarios y conservación y mantenimiento de autovías, plataformas de vehículos de alta ocupación y extensión de la red de cercanías ferroviarias en áreas metropolitanas.

20 Desarrollo de la intermodalidad: impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril a través de la adaptación a las necesidades del mercado aportando valor a la cadena logística global con objetivos de mejora de la gestión del sistema, de la calidad de servicio, de la eficiencia y de la sostenibilidad, incorporando iniciativas de I+D+i.

21 Impulso de las agrupaciones de PYMES y en especial las exportadoras. Desarrollo de programas de apoyo a clusters empresariales o cadenas de valor en sus esfuerzos exportadores o de internacionalización.

22 Puesta en marcha de un “Plan de Continuidad Empresarial”, destinado a facilitar la transferencia de las pequeñas empresas que, por problemas de falta de relevo generacional, se encuentren en peligro de desaparición.

23 Definición del mix energético en el horizonte 2020 para lo que el Gobierno adjunta una propuesta (ver anexo).

24 Revisión antes de 6 meses de los distintos costes regulados del sector eléctrico para adaptarlos a las previsiones de demanda energética y a la evolución tecnológica.

25 Revisión antes de 31 de diciembre de 2010 del sistema de incentivos a las energías renovables con la finalidad de hacer compatibles el cumplimiento de los objetivos de producción de electricidad de origen renovable establecidos en el horizonte 2020 (ver anexo mix energético), con los principios generales de garantía del suministro, competitividad y respeto al medio ambiente.

26 Incremento de la competencia en el mercado de la electricidad mejorando los mecanismos de contratación.

27 Ampliación del programa Turismo Senior Europa: mediante acuerdo entre todas las Administraciones (central, autonómica y local), afrontar un esfuerzo financiero para ampliar un programa que ha registrado cerca de 50.000 reservas de ciudadanos mayores de la Unión Europea, desestacionalizando, así, los establecimientos hoteleros y creando empleo adicional.

28 Plan de incentivos a la desestacionalización conjuntamente con las CC.AA dirigido a aquellas empresas que se comprometan a ampliar su actividad por encima de los seis meses durante los años 2010 y 2011.

29 Colaboración del sector privado en la promoción exterior del turismo mediante un acuerdo con las administraciones.

30 Ampliación hasta 500 millones de euros de la línea ICO-FuturE para apoyar la renovación del sector

31 Plan Integral de Política Industrial 2020, con el objetivo de elevar el peso de la industria en el PIB hasta el 18%. El Plan propondrá medidas en los ámbitos de: la regulación y reducción de cargas, la formación, la logística y las infraestructuras, el diseño, la innovación industrial, la apertura de nuevos mercados, la mejora de la sostenibilidad ambiental, el acceso a inputs esenciales, la financiación… Igualmente, se fomentará los procesos de consolidación y crecimiento de las PYMES industriales. El Plan se ocupará tanto de los sectores tradicionales como de los emergentes. Se asegurará la participación de los grupos políticos, las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Industria y Energía, y los Agentes Sociales, a través de la Mesa del Diálogo Social reforzado.

32 Diseño y programación presupuestaria plurianual del Plan de Competitividad de Automoción.

33 Diseño del Plan Integral del Vehículo Eléctrico: desarrollo industrial, infraestructuras de recarga, implicaciones energéticas y tecnológicas, políticas de demanda.

34 Incorporación de vehículos eléctricos en los programas de compra de las Administraciones Públicas.

35 Desarrollo de las infraestructuras TIC como soporte del Internet del futuro:

36 Impulso a la industria de Contenidos Digitales. Línea de crédito y subvenciones con un total de 250 millones de euros para la industria de contenidos digitales (videojuegos, animación, cine en 3D y realidad aumentada).

37 Modificación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias para, entre otras cuestiones, mejorar la gestión y la transparencia de los mercados agroalimentarios.

38 Modificación de la legislación de contratos agrarios para garantizar su buen funcionamiento.

39 Consensuar el Plan Estratégico del Sector Aeronáutico (PESA) 20102014 presentado por el Gobierno. Con este Plan se pretende fortalecer toda la cadena de suministro, consolidar la actividad del conjunto de subcontratistas de primer nivel y mejorar la competitividad de la industria auxiliar.

40 Participación española en los distintos programas del ámbito aeroespacial incluido el proyecto Galileo.

41 El Gobierno, en la aplicación del Plan de acción inmediata para 2010 y el Plan de austeridad 2011-2013 se compromete a que las nuevas actuaciones que puedan aprobarse resulten neutrales en términos presupuestarios.

42 Con el fin de asegurar que el capítulo de gastos de personal de la Administración General del Estado sea en 2013 un 4% inferior a la cuantía de 2010, el Gobierno, antes de 10 de abril de 2010, aprobará un Programa de racionalización de la AGE que contendrá medidas de reducción de altos cargos de la Administración General del Estado.

43 Con el mismo fin y en el mismo plazo, el Gobierno aprobará un Programa de racionalización del Sector Público Empresarial que preverá medidas destinadas a reducir el número de cargos directivos de las empresas públicas; reducir el número de miembros de sus consejos de administración; reducir el número de empresas públicas mediante un proceso de fusiones y concentraciones; y revisar las retribuciones de los directivos de las empresas públicas.

44 Alcanzar en 2013 el objetivo de déficit del 3% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas de acuerdo con la senda de consolidación propuesta por el Gobierno en el Programa de Estabilidad.

45 Para alcanzar dicho objetivo se llevará a cabo una política de contención del gasto en todas las administraciones públicas. En concreto el capítulo de personal deberá reducirse en un 4%.

46 En el caso de que se produzcan desviaciones respecto a la senda de reducción del déficit prevista, las distintas administraciones públicas tomarán medidas adicionales para cumplir con el objetivo de déficit en 2013.

47 El Gobierno, a través del Banco de España, se compromete a acelerar el proceso de reestructuración del sistema financiero y agilizar en su caso la utilización del FROB.

48 Un procedimiento específico y ágil para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas si se supera el plazo máximo de pago, incluyendo en su caso el cobro de los intereses de demora.

49 Mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas: Estas obligaciones incluirán la información trimestral para la Administración General del Estado, las CC.AA. y las Corporaciones Locales. Se establecerá además un registro de facturas en las Administraciones locales que permitirá que los interventores requieran a los órganos gestores la tramitación en plazo de los expedientes. El Pleno de las Corporaciones Locales recibirá trimestralmente información sobre las facturas pendientes de pago.

50 Establecer un plazo máximo de pago de 60 días en las relaciones comerciales entre empresas, que no podrá ampliarse por acuerdo entre las partes cuando los proveedores sean empresas de reducida dimensión o trabajadores autónomos.

51 Reforzar el derecho a percibir la indemnización que corresponda por los costes de cobro que la morosidad haya ocasionado a las empresas.

52 Potenciar la capacidad de las asociaciones empresariales para actuar en nombre de sus asociados frente a cláusulas abusivas en materia de plazos de pago.

53 Aumentar el capital de CERSA, para mejorar su capacidad de reafianzar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

54 Impulsar la colaboración del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para que las operaciones inferiores a 600.000 euros, evaluadas por el Facilitador Financiero y avaladas por SGR, cuenten con un reaval por el 100% de la operación.

55 Elevar los topes de riesgo que asume ICO en las líneas de mediación hasta los niveles medios de riesgo de las entidades de crédito para el colectivo de referencia.

Las 43 medidas aprobadas en el Pleno de la Asamblea para luchar contra el paro en Ceuta

Favorecer la inversión pública para crear empleo, tanto a través de las correspondientes obras como mediante la implantación de nuevos equipamientos.

1.- Cumplir con las previsiones del vigente Plan Plurianual de Inversiones sobre renovación de infraestructuras, urbanas y medioambientales, puesta en valor del patrimonio, y dotación de nuevos equipamientos de diversa índole.
2.- Poner en marcha los antes referidos nuevos equipamientos, entre los que, por razón de su impacto en el empleo, procede destacar:
La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
La ampliación de la desaladora.
El polideportivo Guillermo Molina.
El albergue para alojamientos protegidos.
El Instituto Ceutí de la Mujer en el antiguo chalé de Ybarrola.
Las nuevas guarderías, en el ámbito del programa que se acomete para duplicar el número de plazas existente.
3.- Colaborar decididamente con la Administración General del Estado, en el ámbito urbanístico y, en su caso, mediante la cesión de suelo, al objeto de viabilizar la dotación de nuevos equipamientos e instalaciones capaces de generar empleo.
4.- Mantener contactos permanentes con la citada Administración General del Estado para conocer el estado de ejecución del resto de inversiones por la misma comprometidas, prestando especial atención a aquellas que tienen un mayor impacto en el desenvolvimiento de la actividad económica, como son, entre otras: el adecentamiento del paseo de Martínez Catena, hasta la frontera; el enlace de ésta con el puerto; la recuperación del dominio marítimo-terrestre; la urbanización de Loma Colmenar, en su segunda fase; y el desarrollo del polígono residencial en esta misma zona proyectado.
5.- Iniciar las obras sobre rehabilitación del antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz para Campus universitario, lo que supondrá sentar las bases para consolidar y ampliar, en un futuro, la oferta universitaria de nuestra ciudad.
6.- Definir los parámetros, urbanísticos y económicos, e iniciar las gestiones para el desarrollo de la actuación sobre construcción de viviendas protegidas en el antiguo acuartelamiento del Brull.
7.- Acometer los proyectos de rehabilitación de viviendas amparados por el plan estatal en vigor, junto con los que, de similar naturaleza, la Ciudad pueda asumir de manera directa.
8.- Iniciar las obras relativas a las siguientes promociones: Monte Hacho, en su segunda fase; Príncipe Alfonso, en las antiguas “caracolas”; y apartamentos para mayores, en el antiguo cine Africa.
9.- Revisar el vigente PGOU con la finalidad, entre otras, de que el mismo sea un instrumento para dinamizar la inversión y, en consecuencia, la creación de empleo, desarrollando asimismo las actuaciones urbanísticas que al servicio de estos objetivos se estimen adecuadas.
10.- Favorecer la formación de los trabajadores de la construcción en paro, al objeto de, junto con otras medidas, posibilitar su inserción en las obras que se acometen, o que puedan iniciarse en el futuro. Al servicio de este objetivo se asume, como actuación prioritaria, la puesta en marcha de la escuela que se construye en el polígono de Loma Larga.
11.- Revisar la disposición sobre cláusulas sociales para fomentar la contratación de trabajadores en paro en las obras públicas de la Ciudad. La referidas cláusulas sociales establecerán la obligatoriedad de contratar, del total de la plantilla necesaria, un mínimo del 30% de desempleados en todas las obras que acometa la Ciudad u organismos de ella dependientes y que superen los 50.000 euros de presupuesto.
12.- Apoyar a las pequeñas empresas contratistas, de acuerdo con la ley y con estricta sujeción a la misma.

Promover la continuidad de las políticas activas de empleo.

13.- Mantener el esfuerzo presupuestario en planes de empleo, programas de colaboración social, acciones formativas, e itinerarios de inserción laboral.
14.- Dar continuidad a las iniciativas para incentivar la inversión generadora de empleo y de apoyo a PYMES.
15.- Impulsar la responsabilidad social de las empresas.
16.- Solicitar de la administración del Estado el mantenimiento y, en su caso, el incremento de la financiación afectada a las políticas activas de empleo en nuestra Ciudad.
17.- Activar el papel de la ya constituida Comisión Provincial de Empleo en Ceuta como elemento coordinador de las programas de fomento de empleo de las administraciones y de los agentes económicos y sociales. Con ello se pretende evitar duplicidades de actuaciones y mantener una estrategia consensuada y coordinada al efecto.
18.- Reservar un cupo del 50% del inminente Plan de Empleo que acometerá la Ciudad para jóvenes menores de 35 años.
19.- Incrementar las labores de intermediación entre desempleados y empresas, adaptando la formación a las necesidades que el mercado demanda (fundamentalmente en el sector de la construcción) y fomentando la ulterior inserción de los alumnos formados en empresas del sector mediante la interlocución y, en su caso, incentivos económicos.
20.- Constituir en el plazo de un mes una mesa de trabajo entre Gobierno y los Grupos Parlamentarios de la Asamblea con el fin de realizar el seguimiento de las medidas contempladas en este documento y plantear, en su caso, otras medidas complementarias. Al servicio del objetivo común se articularán los mecanismos necesarios para contactar con el Servicio Público de Empleo Estatal y con los agentes económicos y sociales de la
ciudad.

Impulsar las medidas normativas que sean necesarias para contrarrestar los condicionantes estructurales y, en consecuencia, potenciar el desarrollo endógeno, facilitar la accesibilidad y mejorar la competitividad del tejido productivo local.

21.- Solicitar la prórroga, y si es posible la ampliación, de la vigente bonificación en las cuotas a la Seguridad Social para los sectores del Comercio, la Industria, la Hostelería y el Turismo.
22.- Perseverar en las actuaciones que tienen por objeto: poner al día el vigente Régimen Económico y Fiscal especial; abaratar los costes del transporte marítimo, sin merma de la calidad; y lograr de la Unión Europea un tratamiento específico para nuestra ciudad; todo ello dentro de los grupos de trabajo que, a solicitud de esta Administración, han sido
constituidos.
23.- Fijar la posición del Gobierno sobre la posible integración de Ceuta en la Unión Aduanera Común, una vez conocida la opinión de los agentes económicos y sociales, y de conformidad con la misma, así como seguir defendiendo la conveniencia de establecer una aduana comercial en la frontera del Tarajal.
24.- Evaluar el balance socioeconómico de los intercambios entre Ceuta y el vecino Reino de Marruecos, a efectos de conocer su verdadero impacto en la economía local, entre otras finalidades.
25.- Implantar un observatorio que tenga por objeto informar acerca de la evolución de los indicadores socioeconómicos. A tal efecto se procurará, también, la mejora de los sistemas de medición estadística de los referidos parámetros.
26.- Agilizar los trámites administrativos necesarios para la apertura de negocios, de acuerdo con la ley y previa revisión de los correspondientes reglamentos.
27.- Agilizar el pago a proveedores de la Ciudad por obras ejecutadas o servicios y suministros efectuados de conformidad con el Anteproyecto de Ley de la Economía Sostenible.

Apoyar planes sectoriales y proyectos capaces de abrir nuevos horizontes y de generar oportunidades.

28.- Cumplir con las previsiones del vigente plan de excelencia turística, entre ellas, la implantación de la estación náutica.
29.- Ejecutar la prevista señalización de los parkings públicos de la Ciudad desde la Frontera y el Puerto a los respectivos aparcamientos.
30.- Intensificar la divulgación de los atractivos comerciales, turísticos y fiscales de nuestra ciudad.
31.- Impulsar la aprobación definitiva y puesta en marcha del Reglamento de Turismo como elemento regulador de la actividad basado en la calidad de los servicios.
32.- Renovar formalmente la participación de la Ciudad de Ceuta en el Plan 2000 E para la adquisición de automóviles en concesionarios de Ceuta.
33.- Impulsar la colaboración con la Cofradía de Pescadores para recuperar su normal funcionamiento en términos de funcionalidad y viabilidad económica. Analizar una posible reconversión del sector pesquero hacia sectores productivos vinculados al turismo, ocio y
artesanía.
34.- Intensificar la implantación de sistemas de calidad y de la aplicación de las nuevas tecnologías en las Pymes de Ceuta mediante líneas específicas de ayuda por los referidos conceptos.
35.- Seguir prestando especial atención al equipamiento urbano, a los servicios de esta misma naturaleza, y al patrimonio histórico, cultural y natural, por considerar que son activos de singular importancia para el desarrollo comercial y turístico.
36.- Asignar al complejo cultural del Revellín, que dirige Don Álvaro Siza, el papel de instrumento al servicio del desarrollo turístico, vía celebración de eventos, entre otros posibles aprovechamientos.
37.- Promover la creación de una escuela de Negocios.
38.- Adoptar las medidas que sean consecuentes para fomentar el turismo procedente de Marruecos, entre las que cabe citar: apoyar campañas de fidelización, facilitar una información adecuada, habilitar aparcamientos en las zonas comerciales, e impulsar las antes referidas obras de mejora de los accesos a Ceuta desde la frontera del Tarajal.
39.- Incentivar la renovación del transporte público urbano.
40.- Colaborar activamente en la ejecución y seguimiento del plan estratégico del puerto.
41.- Apoyar a proyectos empresariales de interés relevante, ya sea por su positivo impacto en la generación de empleo o por contribuir decisivamente a la potenciación del tejido productivo local, entre los que, con base en estudios preliminares o en expectativas conocidas, cabe citar a los siguientes: la construcción y explotación de un nuevo hotel; la
implantación de un nuevo puerto deportivo; el establecimiento de una planta de biodiesel; y la ampliación de las instalaciones dedicadas a la distribución y suministro de combustible a buques.
42.- Explorar, mediante la realización del pertinente estudio, las posibilidades reales que ofrece nuestra ciudad para convertirse, en relación con su entorno, en plataforma logística para la localización de servicios profesionales.
43.- Culminar la implantación y puesta en marcha del antes mencionado polígono industrial de Loma Larga.

El Ministerio de Trabajo destina 954.000 euros a la formación de trabajadores en Ceuta y Melilla

Ceuta al día

-Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes en la Dirección Provincial del SPEE en Ceuta

El Ministerio de Trabajo e Inmigración destinará más de 954.000 euros a la formación de los trabajadores ocupados en las ciudades de Ceuta y Melilla, según figura en la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 9 de febrero.

Entre las distintas modalidades de formación de oferta se contemplan los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados. Estos planes de formación se ejecutarán mediante convenios suscritos por los beneficiarios y por el Servicio Público de Empleo Estatal y se financiarán mediante subvenciones públicas otorgadas en régimen de concurrencia competitiva.

El casi millón de euros para Ceuta y Melilla se dividirá de la siguiente forma:
1. Planes de formación intersectoriales: 906.509,95 euros.
2. Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores y socios de la economía social que aporten actividad económica: 23.855,525 euros.
3. Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos: 23.855,525 euros.

Las acciones formativas incluidas en estos planes serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo de acuerdo con el Programa Operativo 'Adaptabilidad y Empleo'. Las solicitudes de subvención se formularán por escrito, según los modelos establecidos, acompañadas de la certificación que acredite el importe ejecutado de la subvención otorgada con cargo al ejercicio 2010, según el modelo de la convocatoria, que estarán a disposición de las entidades solicitantes en la página de Internet de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo: www.fundacióntripartita.org.

El plazo para la presentación de las solicitudes de subvención así como de la certificación acreditativa que debe acompañar a las mismas será de 15 días hábiles a partir del 9 de febrero. Para mayor información de las entidades interesadas en la presentación de solicitudes se podrán dirigir a la Dirección Provincial del Servicio Publico de Empleo Estatal en Ceuta, ubicada en la calle Salud Tejero números 16-18.

El Instituto de Patrimonio Cultural de España invertirá 450.000 euros en las Meriníes

elpueblodeceuta.es


Un técnico de este organismo, dependiente del Ministerio de Cultura, visitó ayer tanto las Murallas como la Catedral con el fin de informar acerca de sus necesidades

Tamara

Un técnico del Ministerio de Cultura, arquitecto del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), visitó ayer Ceuta con el fin de comprobar el estado en el que se encuentran algunos de los monumentos para cuya restauración se requiere la ayuda del Estado. El representante del IPCE visitó en primer lugar la catedral, para la que existe un Plan Director integrado en el Plan Nacional de Catedrales. A continuación, y en compañía tanto del arquitecto como del arqueólogo de la Ciudad, Javier Arnáiz y Fernando Villada, se desplazó a las Murallas Meriníes, en cuya rehabilitación va a colaborar también el IPCE, y la Puerta Califal.

El Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) va a invertir al rededor de 450.000 euros en la restauración de la Torre número 12 y parte del lienzo de las Murallas Merínidas. El IPCE, dependiente del Ministerio de Cultura, envió ayer a Ceuta a uno de sus técnicos, el arquitecto Fernando Antón, con el fin de que realice los pertinentes informes sobre el estado de este monumento y de otros de los Bienes de Interés Cultural en cuya rehabilitación colaboran las administraciones central y autonómica. En su visita, el arquitecto estuvo acompañado por el arquitecto y el arqueólogo de la Ciudad, Javier Arnáiz y Fernando Villada, respectivamente.

El desplazamiento a la barriada de Terrones sirvió al arquitecto del IPCE para conocer el estado en que se encuentra la Torre 12, situada junto al lugar en el que han comenzado las obras de construcción de un aparcamiento semi-subterráneo. Por el momento, y a la espera del informe del Ministerio, la Ciudad ha procedido a la consolidación, mediante un andamiaje especial sobre zapatas de hormigón, de la torre, que corría riesgo de derrumbe. Tal como adelantó este diario el pasado 14 de diciembre, el Ejecutivo autonómico se hará cargo, como parte del proyecto del Plan Aparca, de la construcción de un de un centro de información para los visitantes de las Merínidas que estaba contemplado en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Afrag, levantado en el siglo XIV.

La toma de contacto de Antón con la ciudad comenzó en la catedral, para la que existe un Plan Director incluido ya en el Plan Nacional de Catedrales y cuyo presupuesto total ronda los 10 millones de euros. Los técnicos de la administración autonómica le mostraron el estado de la cubierta, donde la Ciudad ha realizado ya una intervención de urgencia tras los desprendimientos registrados en la bóveda.

Según pudo comprobar Antón en una visita a la que asistió El Pueblo, la techumbre de la seo, sustentada por una estructura de madera, está deteriorada en parte por las humedades. Tras la inspección, el arquitecto redactará un informe en el cual hará constar, según explicó, “la estimación de las actuaciones más urgentes”. La decisión de incluir el proyecto de restauración de la seo ceutí en el Plan Nacional de Catedrales se adoptó durante la reunión que el Consejo de Patrimonio Histórico Español celebró en Mallorca en julio de 2009.

El Plan Director, redactado por el arquitecto de la Ciudad en 2005, tiene un presupuesto de 9,7 millones de euros para un total de 11 intervenciones, que van desde excavaciones arqueológicas a la reforma del Museo Catedralicio. En un principio, se estimó que las primeras obras no comenzarían hasta finales de 2010 o principios de 2011, pero los desprendimientos registrados en la bóveda central del templo en agosto del pasado año, ocho meses después de un problema similar centrado en la linterna, obligaron a la Ciudad a intervenir de urgencia y con posterioridad, a la Iglesia a acometer una primera intervención por valor de 100.000 euros y sufragada con la subvención que la Consejería de Cultura destina a las diferentes confesiones religiosas presentes en Ceuta.

El Estado y la Ciudad crean una comisión de colaboración

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El Estado y la Ciudad crean una comisión de colaboración. Para este año, el Gobierno central ha asignado 101.000 euros al plan provincial de obras y servicios de competencia local


CEUTA
Redacción

Las administraciones central y autonómica constituyeron ayer en la Delegación del Gobierno la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, cuya finalidad será la de “dar el visto bueno a los proyectos que estén incluidos en el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Este nuevo organismo está compuesto por cinco vocales de cada parte.

El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, presidió ayer la constitución de la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, reunión que se desarrolló, según se informó en nota de prensa, en la sala de juntas de la institución, y que está integrada por cinco vocales de la Administración General del Estado y otros cinco de la Ciudad.La finalidad de esta comisión será “dar el visto bueno a los proyectos que estén incluidos en el denominado plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y red viaria”, mediante el cual el Estado contribuye, a través de sus presupuestos, a la financiación de la dotación de infraestructuras y equipamiento locales.

En estos planes tienen cabida obras relacionadas con redes de transporte, abastecimiento de energía eléctrica, instalaciones sociales, culturales y deportivas y, en general, todos aquellos equipamientos caracterizados por ser eminentemente públicos.

En el transcurso de la reunión, el delegado ha informado a los asistentes de que la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial ha firmado ya la resolución con la distribución territorial de los fondos previstos para 2010, asignándose 101.783 euros para Ceuta. Según se recoge en el comunicado, los representantes de la Ciudad explicaron que se está terminando la redacción del proyecto para el que se destinará esta partida, que consistirá en la urbanización de los aledaños al nuevo polideportivo de Recinto Sur, para la creación de nuevas plazas de aparcamiento. La Ciudad tiene de plazo hasta el próximo 31 de marzo para presentar el proyecto ante la comisión, que informará al respecto a la Dirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Política Territorial.

En los últimos cinco años, la contribución del Estado a estos planes ha superado los 640.000 euros, dedicados a cofinanciar las actuaciones para la remodelación de la zona de Recinto Sur.

La Ciudad recibirá 67.500 euros para atender a pacientes polimedicados

EL PUEBLO DE CEUTA - 11 febrero 2010

La prevalencia de pacientes crónicos que toman seis o más fármacos se ha elevado como consecuencia del envejecimiento de la población y los avances terapéuticos

La ciudad recibirá cerca de 70.000 euros para mejorar la atención a los pacientes médicos polimedicados, en función de un programa iniciado el año pasado por el Ministerio de Sanidad Y Política Social después de constatar el aumento de personas que toman seis o más medicamentos para combatir sus dolencias y afecciones.

Ceuta recibirá 67.541 de los veinte millones de euros que el Ministerio de Sanidad tiene pensado destinar a la atención de los pacientes crónicos polimedicados.

El Consejo Interterritorial de Salud justificó la distribución de estos fondos en la cada vez más elevada prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados, es decir, que toman seis o más medicamentos, en el nivel asistencial. Este incremento se considera consecuencia del envejecimiento de la población y el avance científico y terapéutico.

Según apunta el Miniserio en un comunicado, dicha circunstancia “hace necesario reforzar las estrategias en este ámbito, tanto para mejorar la salud de estos pacientes como para optimizar recursos mediante el uso racional de los medicamentos”.

Por todo ello, el año pasado se inició este programa, al que se dotó con 27 millones de euros, y al que en 2010 se le da continuidad con un nuevo reparto de 20 millones entre las comunidades autónomas.

Estos fondos provienen de las aportaciones de la industria farmacéutica previstas en la disposición adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

El reparto de los fondos se hace de acuerdo al criterio de población según el último del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero sólo parcialmente.

Todas las comunidades autónomas perciben una cantidad fija de 35.000 euros para este objetivo, mientras que el resto de la asignación atiende a criterios demográficos. De esta manera, Ceuta, con 78.674 habitantes, recibe como cantidad variable 30.382 euros. En el otro polo se situaría la comunidad autónoma más poblada, Andalucía, que con 8.302.923 habitantes recibirá como cantidad variable 3.434.254 euros.

Del conjunto de los veinte millones que se distribuirán por todo el país, 19.335.000 euros corresponden a la parte variable de la asignación y el resto a aportaciones lineales para todas las autonomías.

La escasa credibilidad de Davos

Público 11-feb-2010

VICENÇ NAVARRO
Un mensaje que se está promoviendo ampliamente en medios liberales es que la economía española es escasamente eficiente y muy poco competitiva, y ello como resultado de las supuestas rigideces de su mercado de trabajo y del excesivo gasto público. Uno de los centros que han promovido más este mensaje es el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, citado frecuentemente como el Vaticano del pensamiento liberal. Uno de sus informes, Global Competitiveness Report 2009-2010 (en el que analiza la competitividad de los países del mundo), sitúa a España en términos muy desfavorables, por debajo de países del tercer e incluso del cuarto mundo. Y como era de esperar, el coordinador del estudio, Xavier Sala i Martín, ha sido ampliamente entrevistado por los medios de información de mayor difusión del país(la mayoría de los cuales son de persuasión liberal), proveyendo las cajas de resonancia a tal mensaje.Un análisis riguroso de tal informe cuestiona, sin embargo, la validez del estudio, así como sus conclusiones. En primer lugar, el estudio no se basa, en su mayoría, en un análisis que utilice datos objetivos sobre los cuales construir el informe y alcanzar sus conclusiones. El estudio es primordialmente una encuesta de opinión en la que, en cada país, se pregunta a una institución próxima al mundo empresarial (con orientación liberal, en la mayoría de países) su opinión sobre una serie de preguntas que incluyen: “¿Cómo valora la percepción popular sobre el comportamiento ético de los políticos en su país?”, “¿cómo valora la contratación y el despido de trabajadores en su país?” o “¿cómo valora la disponibilidad de nuevas tecnologías?”, entre muchas otras. La institución que responde a aquella pregunta pone un número en una escala, sin que exista, sin embargo, una homologación en el criterio que guíe las respuestas. De esta manera, se abre el estudio a toda una serie de subjetividades. En algunos países, la institución que responde a las preguntas es muy crítica sobre la situación en su propio país, mientras que en otros lo es muy poco. Esta subjetividad, sin intento de homologación de criterios, es lo que caracteriza el estudio.Esto lleva a resultados que son, como mínimo, sorprendentes (para expresarlo de una manera amable). Así, en la pregunta que se hace sobre corrupción en un país (“¿es práctica generalizada que se den fondos públicos a compañías o individuos como consecuencia de la corrupción?”), una dictadura como Qatar (que se ha convertido en el paraíso del mundo empresarial) aparece como uno de los países menos corruptos del mundo (en aquel país, la distribución de los recursos petrolíferos la hace el Gobierno entre miembros de la familia real), muy por encima de España. No hay duda de que hay corrupción en España. Pero poner una dictadura medieval como modelo de honestidad es poco creíble.Otra valoración sorprendente es que Omán, otra dictadura feudal del Medio Oriente, sueño del mundo empresarial por la enorme riqueza petrolífera y por tener una fuerza de trabajo (la mayoría inmigrante) sin ningún derecho laboral, aparece como uno de los países que (según el contestador del cuestionario en aquel país) goza de mayor confianza popular respecto al comportamiento ético de sus políticos, muy por encima de un país democrático como España. Por lo visto, confianza popular quiere decir, para el que contesta la pregunta, confianza empresarial. En cuanto a “cómo considera usted la contratación y despido de los trabajadores”, España aparece a la cola, muy por debajo de Senegal. España, por cierto, se encuentra al mismo nivel que Senegal en el capítulo de “disponibilidad de nuevas tecnologías”.En todos estos casos, lo único que muestra el informe es que la institución española (IESE, el centro de estudios empresariales que ha respondido por parte de España) es más crítica hacia su propio país que la institución de Senegal (Centre de Recherches Economiques Appliquées, Universidad de Dakar) o que la de Omán (The International Research Foundation) o que la de Qatar (Qatari Businessmen Association). Pero en ningún caso aportan datos que puedan compararse y que permitan llegar a conclusiones.Me parece muy bien que las instituciones a las cuales se les pida su opinión sobre la situación en su país la den. Nada censurable en ello. IESE contestó acentuando el aspecto crítico y me parece muy bien. Pero me parece muy mal, y refleja una enorme falta de rigor (que da pie a todo tipo de manipulación), que el equipo coordinador ponga todas estas respuestas juntas, se amalgamen en un indicador y se produzca entonces una lista de países según su nivel de competitividad. En realidad, lo único que puede deducirse del informe Davos es que la agencia de Senegal que llena el cuestionario es menos crítica hacia su país de lo que es IESE hacia España. El informe mide distintos niveles de subjetividad. Pero nada más. Construir toda una serie de conclusiones sobre ello es no sólo frívolo, sino profundamente erróneo. Lo cual es fácilmente demostrable cuando se contrasta con datos objetivos. En el capítulo dedicado a la educación, cuando el informe Davos analiza la calidad educativa (en materias como matemáticas o ciencias), España aparece de nuevo a la cola (nº 99) junto con Kirguizistán. Pero el informe PISA, mucho más imparcial que el informe Davos, al basarse en datos objetivos, muestra que Kirguizistán tiene el conocimiento en matemáticas y ciencias más bajo de la lista de países analizados, mientras que España está ligeramente por debajo del promedio de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Es en base a este tipo de estudios que la cultura liberal de Davos está presentando una visión de España deliberadamente negativa a fin de presionar al Gobierno español para que haga los cambios que ella desea.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University

El Ministerio de Economía y Hacienda aporta 6,8 millones de euros para una nueva planta de biodiesel

Escrito por CAD  (Ceuta Al Día)

-La inversión permitirá crear 30 puestos de trabajo

-Ha sido aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado la concesión de incentivos regionales para la construcción de una planta de fabricación de biodiesel de la empresa Biocarburantes del Estrecho en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La inversión subvencionable asciende a 56.454.320 euros y el Ministerio de Economía y Hacienda ha acordado una subvención del 12%, equivalente a 6.774.518,40 euros, con la condición de crear 30 puestos de trabajo.

En total, el Ministerio de Economía y Hacienda ha concedido subvenciones a 10 proyectos de inversión en 4 comunidades autónomas y una ciudad autónoma, por un importe global subvencionable de 772.305.130 euros. El total de subvenciones concedidas asciende a 92.570.064,83 euros, que supondrán la creación de 584 nuevos puestos de trabajo y mantener 9.057 empleos.

Los incentivos regionales permiten apoyar la inversión empresarial con el objetivo de fomentar la actividad económica en las zonas geográficas menos favorecidas y las que atraviesan especiales dificultades económicas, en un marco de colaboración con las Comunidades Autónomas y siguiendo los criterios vigentes de la Unión Europea.