miércoles, 3 de marzo de 2010

Las 55 medidas

ACUERDO POLÍTICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO


1 Reducción del IVA para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda: durante dos años, todas las obras de rehabilitación en las viviendas tendrán un tipo del IVA reducido (8% a partir de 1 de julio).
2 Deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual: los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10% de los costes de las obras de rehabilitación de viviendas realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por vivienda; a partir de dicho umbral de renta, el importe de la deducción irá decreciendo hasta su desaparición.
3 Extender el concepto de rehabilitación estructural a efectos de aplicación del tipo de IVA reducido: se amplían las obras consideradas de rehabilitación estructural a efectos del IVA con el objeto de disminuir el coste de la renovación del parque de viviendas, en particular en el centro urbano de las ciudades.
4 PLAN 2000 ESE de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las Administraciones Públicas: acuerdo del conjunto de las Administraciones públicas para identificar 2000 edificios públicos (1000 de la AGE y 1000 de CCAA y EELL) en los que contratar una empresa de servicios energéticos (ESE) con el objeto de ahorrar, como mínimo, un 20% de su consumo energético en el horizonte 2010-2012.
5 Fomento de la VPO: ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de viviendas de protección oficial para cuando estas se destinen a la venta.
6 Préstamos directos del ICO: créditos con un importe máximo de 200.000 euros concedidos directamente por el ICO con cobertura de riesgo del 100% y comercializado a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. Con esta línea se conseguirá que toda pequeña empresa solvente cuente con financiación.
7 Reducción de morosidad: establecer de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las PYMES y autónomos por parte de las grandes empresas.
8 Extender los principios de buena regulación y de simplificación administrativa de la Directiva de servicios a los sectores del transporte, energía, contratación pública, telecomunicaciones y sociedad de la información.
9 Reforma del sistema de apoyo oficial a la internacionalización: creación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), actualmente en trámite parlamentario; racionalización de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, buscando el aprovechamiento de sinergias entre instrumentos y entre organismos; creación de un mecanismo de evaluación y control del sistema de apoyo financiero a la internacionalización.
10 Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE). El Gobierno propone la incorporación de la figura de la garantía dentro de la normativa del seguro de crédito a la exportación y, previa autorización de Bruselas, de la cobertura de operaciones a corto plazo.
11 Priorización de la línea FAD-PYME en 2010 dentro del FAD.
12 Refuerzo de la actividad de COFIDES. Entre estas actuaciones destacan: (i) flexibilización condiciones del FONDPYME en términos de límite de financiación, plazos y periodos de carencia; (ii) introducción de la operativa multiproyecto; (iii) ampliación del ámbito de aplicación del Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX); (iv) ampliación de financiación de circulante.
13 Refuerzo de los programas de apoyo técnico a las PYMEs orientados a impulsar su salida a los mercados internacionales, en cofinanciación de las Comunidades Autónomas. En especial, los programas Aprendiendo a Exportar (APEX) y el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE).
14 Impulso a la colaboración del sector privado en la actividad de promoción comercial en el exterior.
15 Compromiso para que España alcance un nivel de inversión en I+D del 2,5% del PIB en 2015. Para ello se acuerda que el incremento medio anual de la inversión pública en I+D sea superior al crecimiento de los PGE.
16 Favorecer la inversión empresarial en I+D+i: incrementar del 8 al 12% la deducción aplicable a las actividades de innovación en el impuesto de sociedades y ampliando, en algunos casos hasta el 60%, el límite general que existe a la deducción por actividades de I+D+i.
17 Favorecer la utilización de transporte público: se exime al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie, las cantidades satisfechas por su empresa para sus desplazamientos entre su residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.
18 Rebaja de las tasas de navegación aérea. Acelerar la tramitación de la norma legal por la que se regula la prestación de servicios de transito aéreo con el fin de reducir a 2 años el período para la rebaja de las tasas de navegación aérea en un 15%.
19 Colaboración público-privada en el sector de infraestructuras del transporte: puesta en marcha de un plan de de colaboración público-privada que se licitará en 2010-2011 para contribuir al desarrollo territorial, a la competitividad de la economía, a la creación de empleo y a la sostenibilidad del sistema de transportes, que dará prioridad a las infraestructuras ferroviarias de impulso al transporte de mercancías, infraestructuras ferroviarias de altas prestaciones, cierres de itinerarios y conservación y mantenimiento de autovías, plataformas de vehículos de alta ocupación y extensión de la red de cercanías ferroviarias en áreas metropolitanas.
20 Desarrollo de la intermodalidad: impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril a través de la adaptación a las necesidades del mercado aportando valor a la cadena logística global con objetivos de mejora de la gestión del sistema, de la calidad de servicio, de la eficiencia y de la sostenibilidad, incorporando iniciativas de I+D+i.
21 Impulso de las agrupaciones de PYMES y en especial las exportadoras. Desarrollo de programas de apoyo a clusters empresariales o cadenas de valor en sus esfuerzos exportadores o de internacionalización.
22 Puesta en marcha de un “Plan de Continuidad Empresarial”, destinado a facilitar la transferencia de las pequeñas empresas que, por problemas de falta de relevo generacional, se encuentren en peligro de desaparición.
23 Definición del mix energético en el horizonte 2020 para lo que el Gobierno adjunta una propuesta (ver anexo).
24 Revisión antes de 6 meses de los distintos costes regulados del sector eléctrico para adaptarlos a las previsiones de demanda energética y a la evolución tecnológica.
25 Revisión antes de 31 de diciembre de 2010 del sistema de incentivos a las energías renovables con la finalidad de hacer compatibles el cumplimiento de los objetivos de producción de electricidad de origen renovable establecidos en el horizonte 2020 (ver anexo mix energético), con los principios generales de garantía del suministro, competitividad y respeto al medio ambiente.
26 Incremento de la competencia en el mercado de la electricidad mejorando los mecanismos de contratación.
27 Ampliación del programa Turismo Senior Europa: mediante acuerdo entre todas las Administraciones (central, autonómica y local), afrontar un esfuerzo financiero para ampliar un programa que ha registrado cerca de 50.000 reservas de ciudadanos mayores de la Unión Europea, desestacionalizando, así, los establecimientos hoteleros y creando empleo adicional.
28 Plan de incentivos a la desestacionalización conjuntamente con las CC.AA dirigido a aquellas empresas que se comprometan a ampliar su actividad por encima de los seis meses durante los años 2010 y 2011.
29 Colaboración del sector privado en la promoción exterior del turismo mediante un acuerdo con las administraciones.
30 Ampliación hasta 500 millones de euros de la línea ICO-FuturE para apoyar la renovación del sector
31 Plan Integral de Política Industrial 2020, con el objetivo de elevar el peso de la industria en el PIB hasta el 18%. El Plan propondrá medidas en los ámbitos de: la regulación y reducción de cargas, la formación, la logística y las infraestructuras, el diseño, la innovación industrial, la apertura de nuevos mercados, la mejora de la sostenibilidad ambiental, el acceso a inputs esenciales, la financiación… Igualmente, se fomentará los procesos de consolidación y crecimiento de las PYMES industriales. El Plan se ocupará tanto de los sectores tradicionales como de los emergentes. Se asegurará la participación de los grupos políticos, las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Industria y Energía, y los Agentes Sociales, a través de la Mesa del Diálogo Social reforzado.
32 Diseño y programación presupuestaria plurianual del Plan de Competitividad de Automoción.
33 Diseño del Plan Integral del Vehículo Eléctrico: desarrollo industrial, infraestructuras de recarga, implicaciones energéticas y tecnológicas, políticas de demanda.
34 Incorporación de vehículos eléctricos en los programas de compra de las Administraciones Públicas.
35 Desarrollo de las infraestructuras TIC como soporte del Internet del futuro:
36 Impulso a la industria de Contenidos Digitales. Línea de crédito y subvenciones con un total de 250 millones de euros para la industria de contenidos digitales (videojuegos, animación, cine en 3D y realidad aumentada).
37 Modificación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias para, entre otras cuestiones, mejorar la gestión y la transparencia de los mercados agroalimentarios.
38 Modificación de la legislación de contratos agrarios para garantizar su buen funcionamiento.
39 Consensuar el Plan Estratégico del Sector Aeronáutico (PESA) 20102014 presentado por el Gobierno. Con este Plan se pretende fortalecer toda la cadena de suministro, consolidar la actividad del conjunto de subcontratistas de primer nivel y mejorar la competitividad de la industria auxiliar.
40 Participación española en los distintos programas del ámbito aeroespacial incluido el proyecto Galileo.
41 El Gobierno, en la aplicación del Plan de acción inmediata para 2010 y el Plan de austeridad 2011-2013 se compromete a que las nuevas actuaciones que puedan aprobarse resulten neutrales en términos presupuestarios.
42 Con el fin de asegurar que el capítulo de gastos de personal de la Administración General del Estado sea en 2013 un 4% inferior a la cuantía de 2010, el Gobierno, antes de 10 de abril de 2010, aprobará un Programa de racionalización de la AGE que contendrá medidas de reducción de altos cargos de la Administración General del Estado.
43 Con el mismo fin y en el mismo plazo, el Gobierno aprobará un Programa de racionalización del Sector Público Empresarial que preverá medidas destinadas a reducir el número de cargos directivos de las empresas públicas; reducir el número de miembros de sus consejos de administración; reducir el número de empresas públicas mediante un proceso de fusiones y concentraciones; y revisar las retribuciones de los directivos de las empresas públicas.
44 Alcanzar en 2013 el objetivo de déficit del 3% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas de acuerdo con la senda de consolidación propuesta por el Gobierno en el Programa de Estabilidad.
45 Para alcanzar dicho objetivo se llevará a cabo una política de contención del gasto en todas las administraciones públicas. En concreto el capítulo de personal deberá reducirse en un 4%.
46 En el caso de que se produzcan desviaciones respecto a la senda de reducción del déficit prevista, las distintas administraciones públicas tomarán medidas adicionales para cumplir con el objetivo de déficit en 2013.
47 El Gobierno, a través del Banco de España, se compromete a acelerar el proceso de reestructuración del sistema financiero y agilizar en su caso la utilización del FROB.
48 Un procedimiento específico y ágil para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas si se supera el plazo máximo de pago, incluyendo en su caso el cobro de los intereses de demora.
49 Mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas: Estas obligaciones incluirán la información trimestral para la Administración General del Estado, las CC.AA. y las Corporaciones Locales. Se establecerá además un registro de facturas en las Administraciones locales que permitirá que los interventores requieran a los órganos gestores la tramitación en plazo de los expedientes. El Pleno de las Corporaciones Locales recibirá trimestralmente información sobre las facturas pendientes de pago.
50 Establecer un plazo máximo de pago de 60 días en las relaciones comerciales entre empresas, que no podrá ampliarse por acuerdo entre las partes cuando los proveedores sean empresas de reducida dimensión o trabajadores autónomos.
51 Reforzar el derecho a percibir la indemnización que corresponda por los costes de cobro que la morosidad haya ocasionado a las empresas.
52 Potenciar la capacidad de las asociaciones empresariales para actuar en nombre de sus asociados frente a cláusulas abusivas en materia de plazos de pago.
53 Aumentar el capital de CERSA, para mejorar su capacidad de reafianzar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
54 Impulsar la colaboración del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para que las operaciones inferiores a 600.000 euros, evaluadas por el Facilitador Financiero y avaladas por SGR, cuenten con un reaval por el 100% de la operación.
55 Elevar los topes de riesgo que asume ICO en las líneas de mediación hasta los niveles medios de riesgo de las entidades de crédito para el colectivo de referencia.

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